En el complejo panorama de la gestión pública en el Perú, la eficiencia y la transparencia son piedras angulares para el desarrollo y la confianza ciudadana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la percepción de corrupción en el sector público continúa siendo una preocupación importante, con un 85 % de los peruanos manifestando preocupación por este tema en una encuesta reciente.
Por ello, la mejora en la gestión pública no solo implica combatir la corrupción, sino también implementar medidas que promuevan la eficiencia y la efectividad de los servicios públicos. En este sentido, la digitalización juega un papel crucial. A pesar de los avances en este ámbito, solo el 37 % de los municipios peruanos utilizan herramientas digitales para la gestión pública, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la gestión pública en el Perú es la descentralización efectiva de recursos y responsabilidades. Aunque la descentralización se ha promovido como un medio para mejorar la prestación de servicios locales, persisten disparidades significativas entre las capacidades de gestión de los gobiernos regionales y locales. Esto se refleja en la variabilidad en la calidad de los servicios públicos ofrecidos en diferentes partes del país. Además, la gestión eficiente de los recursos públicos es crucial para garantizar el desarrollo sostenible y la equidad social. Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, la ejecución presupuestaria ha mejorado en los últimos años, pero aún existen desafíos en la planificación y la ejecución de proyectos de infraestructura pública, especialmente en regiones remotas y de difícil acceso.
Por otro lado, la participación ciudadana juega un papel fundamental en la mejora de la gestión pública. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha facilitado el acceso a la información gubernamental, pero es necesario fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas para asegurar que las decisiones públicas reflejen verdaderamente las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.