Cuando un medio de comunicación transmite una noticia, lo inmediato que sucede es tener el impacto en el auditorio. Bastó solo encender el televisor y ya teníamos por conocido que Alejandro Toledo, anterior mandatario del Perú, se había entregado a las autoridades al haber sido citado para los trámites de su extradición, hecho que merece la atención de los profesionales del derecho en el análisis de una realidad que implicará precisar cómo el Estado en el ejercicio de su política criminal afrontará este proceso y si se resolverá haciendo efectivo el valor de la justicia.
Entre las acusaciones que debe afrontar Alejandro Toledo se encuentran los cargos de corrupción por, presuntamente, haber recibido más de US$25 millones de la constructora brasileña Odebrecht a fin de obtener contratos de obras públicas. Difícil situación en la cual se encuentra quien fuera gobernante del Perú entre los años 2001 y 2006, en tanto frente a los cargos imputados el expresidente ha rechazado las acusaciones.
Un exgobernante afrontando las políticas de un Estado al cual gobernó, un hombre frente al sistema penal esperando ser juzgado, una persona en la necesidad de que su situación jurídica se determine, anhelando que el sistema judicial tome en cuenta su condición de persona y las circunstancias que atraviesa en tanto ha suplicado ante los medios de comunicación, ante agencias como EFE el trato de humanidad, al expresar que “Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”.
El Derecho Penal, disciplina que afronta los conflictos penales, siempre se encuentra en constante evolución, cada día los casos pueden ser distintos, aun cuando asumas el rol de espectador, el sentido crítico no tiene que estar alejado de la realidad, más aún cuando los involucrados, como es el caso de Alejandro Toledo, guiaron el destino del Estado.
Ante lo afirmado, se recuerda que frente al delito tenemos una disciplina que se fortalece de la casuística, del tratamiento de una realidad delictiva que se aparta de las exigencias sociales convertidas en imperativos normativos para la preservación de bienes jurídicos tutelados por el Estado como reconocimiento de derechos e intereses de corte constitucional, y que más allá de un instrumento se constituye como un sistema con normas, leyes, actores y actuaciones a fin de resolver el conflicto penal, el propio Derecho Penal.
El fracaso de mecanismos de control social informal conduce a que, en la sociedad, se requerirá la actuación de este sistema de control social formal que entrega por parte de la comunidad jurídica la posibilidad de afrontar los casos más dramáticos tal como resultan ser los delitos. El Derecho Penal destacado de esta manera se evidenciará desde su aspecto objetivo como normas y principios que regularán la potestad punitiva estatal; desde la perspectiva subjetiva, el propio Derecho Penal se convertirá en el ejercicio del poder estatal ante el criminal, haciéndose evidente en la determinación de las políticas criminales, si solamente es reaccionaria, alejará al sujeto involucrado en el conflicto penal de las posibilidades de regresar a la sociedad a la que defraudó cometiendo un delito; si opta por el respeto de derechos fundamentales, por el respeto a la calidad de persona, consolidará un derecho penal alineado a la norma suprema, un derecho penal constitucionalizado. Alejandro Toledo ya suplica que sus días de vida no culminen en un penal, al Estado le corresponde tomar una decisión política punitiva ante el caso de un exmandatario involucrado en un caso penal.
En sus primeros pasos, el Derecho Penal evidencia propósitos fundamentales: primero, determinar qué delito cometió el involucrado, qué hecho lesivo suscitó la necesidad de encontrar una respuesta frente al hecho delictivo, lineamientos de un Derecho Penal General sobre principios, normas de aplicación inmediata, penas posibles, para luego en las bases del Derecho Penal Especial lograr identificar qué delito resulta ser cometido a partir de la identificación de los bienes jurídicos afectados y la especificidad de la conducta cometida, principios que lograrán como objetivo que se pueda efectuar una imputación en quien cometió el delito.
Tras la imputación de un delito, para el investigado o procesado surge una necesidad poder afrontar como sujeto pasivo de la fuerza estatal una suma de actuaciones en donde el instinto no debe guiar las respuestas, sino la formulación de una estrategia de defensa efectiva convertirse en la guía de la brújula que asuma la defensa.
En el caso que analizamos, el expresidente afrontará la imputación efectuada sobre delitos tales como tráfico de influencias y lavado de activos, habiéndosele investigado por los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Perú y del caso conocido como Ecoteva. La conducta del acusado amerita también recordar que es distinta la interpretación de los hechos a partir de quienes participan. En el caso de los delitos que generalmente se cometen por integrantes de la colectividad, prima el criterio de dominio del hecho, de quien idealiza y a la vez lleva su determinación delictiva con actos de ejecución, consumación y hasta agotamiento, (aprovecharse de los resultados del delito); en el caso de los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos, cual lo expusieran tratadistas como Claus Roxin, regirá un criterio orientador el reproche por una infracción de deber, defraudación de la confianza estatal en la labor, la cual, alejada de los deberes y principios que regulan la actividad de los profesionales del Estado, implica actos lesivos frente a quien encarga en confianza o por el logro de un concurso público su representatividad, siendo la corrupción, entre otros delitos, cruel flagelo que afecta al propio Estado.
El caso Alejandro Toledo suscitará el interés de la comunidad jurídica internacional, el Estado peruano y su sistema penal, puesto a prueba una vez más, a fin de demostrar si su Derecho Penal se encuentra con la capacidad de determinar la situación jurídica de un expresidente involucrado en un conflicto, penal y a quienes ejercemos la labor profesional de abogados ya nos toca no solo el rol de espectadores frente a los hechos sociales y políticos, sino formar u orientar con el tratamiento crítico los principales casos penales. Apago el televisor y comparto esta opinión.
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