“Guarda pan pa’ mayo” decían nuestras abuelas cada vez que nos veían malgastar nuestro dinero en las fiestas de fin de semana. Curiosamente, en mayo del 2020, ese refrán se convirtió en realidad: todos vimos con frustración cómo el dinero se esfumaba rápidamente de nuestras manos, bolsillos y cuentas bancarias debido a la falta de trabajo, el quiebre de muchas empresas, especialmente mypes, y el gran recorte de sueldos y de personal que el confinamiento social obligatorio ocasionaba en todos los peruanos a raíz de la pandemia del COVID-19.
El deterioro de los precarios ahorros y la catastrófica crisis económica que la población peruana soportaba desde marzo del 2020 fueron motivos más que suficientes para que el Congreso de la República promulgara apresuradamente una ley que autorizaba la liberación del 25 % de los fondos de las AFP, a partir del 18 de mayo del mismo año. Como era de esperarse, millones de peruanos empezaron inmediatamente con los trámites del retiro del 25 % de sus fondos, lo que dio inicio a la más grave de las fracturas estructurales de la economía peruana y del sistema financiero nacional.
Hoy, la situación parece repetirse en el Congreso, pues el pasado 5 de mayo se aprobó una ley que permite el retiro de los fondos de pensiones por hasta 4 UIT (S/ 18 400). Esto, según los actuales congresistas, daría “solución” a las dificultades económicas de los más de 9 millones de "pobres" que esta terrible crisis sanitaria del COVID-19 ha traído consigo. Sin embargo, esto significaría el inicio del fin del Sistema Privado de Pensiones (SPP), la exacerbación del proceso inflacionario y una posible recesión para el 2023, debido a la muy probable caída de la inversión privada.
Al no haber ahorros, la inversión decrecería y provocaría una caída más que proporcional del PBI. En consecuencia, los ingresos de la población se reducirían al no conseguir un empleo lo suficientemente redituable para salir de la pobreza y se agravaría aún más la crisis económica ligada a una inflación de costos (oferta), tanto en el corto como en el mediano plazo.
Si el sistema financiero llegara a quebrar, el Estado tendría que inyectar dinero en la economía. Esta situación conllevaría a un considerable déficit fiscal (desahorro público) que hipotecaría el futuro de las generaciones venideras. El crédito sería muy inflexible, es decir, el acceso a este sería muy difícil y las inversiones ya no se realizarían (no se crearían nuevos negocios ni nuevos empleos). Dado que la inversión es el motor de la economía a largo plazo, nuestro crecimiento económico, que tanto nos costó alcanzar por casi dos décadas consecutivas, sería, como dice la canción de Héctor Lavoe, un periódico de ayer, pues solo se vería en nuestros recuerdos mas no en la actualidad ni en un futuro cercano.
Debe tenerse en cuenta que el dinero de los aportantes a las AFP se usa para inversiones a largo plazo, esto es, para comprar instrumentos de renta variable (acciones) y de renta fija (bonos), los cuales, a su vez, se canalizan a través de los mercados financieros para facilitar el financiamiento de los proyectos que se convertirán en grandes inversiones directas que conducirán al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.
Si se promulgara la ley (y se liberan los S/ 18 400), las AFP tendrían que recurrir a los mercados financieros en busca de liquidez para hacer frente al intempestivo retiro de los fondos de pensiones, lo cual implica poner a la venta varias acciones y bonos. De esta manera, provocaría una sobreoferta y la consecuente caída de sus precios en las bolsas de valores; además, llevaría a muchas empresas a la quiebra con despidos masivos y se agravaría la recesión.
El Parlamento considera que este nuevo retiro dará un “alivio” a las familias peruanas ante el empeoramiento de la economía pos-COVID-19, los altos precios de los combustibles y el incremento del costo de vida. Nada más alejado de la realidad, pues, a diferencia de lo vivido en 2020, la economía ha presentado indicadores muy significativos de recuperación: el PBI y el empleo crecieron 13.3 % y 16.9 % en 2021, respectivamente (debido al efecto rebote de la inversión), en comparación con sus estrepitosas caídas de 11 % y 36.8 % en 2020, según el BCRP y el INEI. Asimismo, se espera que el crecimiento económico de este 2022 se mantenga en 3.4 %, a pesar de las presiones inflacionarias que devienen de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Por otro lado, si la situación económica no es tan mala, ¿por qué el Congreso insiste en eliminar los ahorros de los trabajadores formales en una situación de recuperación económica? Podríamos ensayar muchas respuestas, pero la más obvia es porque se desea eliminar el actual e injusto Sistema Privado de Pensiones, en el que ahorrar es una obligación legal y por el cual debemos pagar a las AFP en forma de comisiones por administrar un fondo de pensiones que no se solicitó, pero que es obligatorio.
No obstante, no es pretexto alguno para aprobar leyes que, más que bien, terminan por afectarnos a todos sin excepción: usaríamos ese dinero hoy para gastos inmediatos y no para inversión. Retirar dinero de las AFP y usarlos para un fin que no sea la inversión es lo más imprudente y desastroso de todas las decisiones económicas, pues impediría una digna jubilación o, peor aún, un fondo suficiente para mantener nuestro nivel de vida en el futuro. Entonces, ¿debería el Parlamento y el Gobierno jugar con nuestro futuro o deberían aplicar la economía? La decisión está en sus manos.
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