El desacato del Tribunal Constitucional peruano en el caso Fujimori plantea interrogantes cruciales sobre el cumplimiento de las sentencias de cortes internacionales. En un contexto donde la justicia transnacional busca garantizar la protección de los derechos humanos, el desafío reside en la coherencia y eficacia de la ejecución de dichas decisiones, por lo que es necesario abordar de manera muy concisa la complejidad de asegurar los fallos internacionales.
Al respecto, es palmario recordar la importancia de las sentencias de cortes internacionales, lo que implica un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y la justicia global. Sus decisiones son vinculantes para los Estados, buscando asegurar un sistema legal internacional equitativo; empero, la eficacia de estas sentencias depende en gran medida de la disposición y la voluntad de los Estados para cumplirlas.
El desacato del Tribunal Constitucional en el caso Fujimori refleja un desafío significativo en el cumplimiento de las mismas, pues cuando un órgano estatal incumple deliberadamente una resolución convencional, se socava la credibilidad del sistema legal internacional y se pone en entredicho la vigencia de los derechos fundamentales. Como correlato de ello, se desacredita un sistema que ha requerido una larga y ardua construcción en sus pilares institucionales.
¿Cuáles son, por tanto, esos factores que influyen en los Estados para incumplirlas? Creemos –sin que por ello tengamos la razón imbatible- que esos factores responden a consideraciones políticas (de poder), partidarias, presiones internas o interpretaciones divergentes de las obligaciones legales. En el caso Fujimori, la polarización política y la interpretación selectiva de las decisiones judiciales pueden haber contribuido al desacato, generando un dilema sobre la separación efectiva de poderes. Así, el Tribunal Constitucional peruano ha tenido un papel infausto, contribuyendo en su propia deslegitimación, evidenciando que se orilla a devolver los favores de su designación en lugar del control de constitucionalidad y convencionalidad.
Asegurar el cumplimiento de las sentencias internacionales presenta desafíos logísticos y jurídicos, la coordinación entre entidades nacionales e internacionales, la capacidad de ejecución y la aplicación de medidas coercitivas son aspectos cruciales, por lo que, para preservar la integridad del sistema legal global, es esencial disminuir esos factores que obstaculizan el acatamiento de estas decisiones y fortalecer los mecanismos para asegurar su ejecución.
En consecuencia, quizá sea necesario traer nuevamente a colación la elección de los miembros del Tribunal Constitucional por los Colegios de Abogados del Perú o un mecanismo de elección popular directa. Solo así se podrá avanzar hacia una aplicación más efectiva de la justicia transnacional y garantizar la protección de los derechos fundamentales en todo el mundo. Más aún, si con el espíritu de un estado de derecho nadie está en contra de las atribuciones de gracia del Poder Ejecutivo (amnistía, indultos, etc.), siempre que estas se hagan bajo el cauce regular y procedimental, no opacando, de ese modo, la memoria y el derecho a la verdad de las generaciones que los padecieron y de las futuras que las conocemos.
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