En el 2018, la Unesco señaló que casi 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes no habían logrado tener acceso a una formación escolarizada. Esta amplia cantidad significa una sexta parte de la población en el mundo de niños y niñas que no han podido asistir a la escuela y cuyas edades oscilan entre los 6 y 17 años. En los años posteriores, el avance para disminuir dicha brecha ha sido escaso o casi nulo.
Estos indicadores sobre niños que no asisten a la escuela evidenciaron un triste pronóstico del acceso a la educación en el futuro; de continuar esta tendencia, el 2030, uno de cada seis niños continuará excluido de recibir formación a nivel primario, mientras que en el nivel secundario solo seis de cada 10 jóvenes terminarán su proceso formativo.
Las estadísticas también enfatizan la diferencia entre los países con mayor poder económico y los más pobres, ya que el Instituto de Estadística de la Unesco señala que, entre las naciones con menores ingresos, el 19 % de los pequeños que tienen entre 6 y 11 años aún no están escolarizados; en contraste a un 2 % de niños sin atención educativa en los países de mejor economía. Esta diferencia se amplió en el caso de adolescentes y jóvenes, pues en los países con menores ingresos, casi 61 % de estas personas no tiene acceso a un servicio educativo frente a solo 8 % del mismo grupo etario que no están escolarizados en los países con mejores ingresos.
Esta información muestra la realidad de la desigualdad a nivel mundial y se constituye en una prueba fehaciente de la necesidad de potenciar un sistema educativo más justo y equitativo que brinde las mismas oportunidades de acceso a una formación académica a todos los ciudadanos de un país, ya que, hoy por hoy, aún vemos que se siguen implementando las mismas estrategias ante problemáticas educativas diferentes, a pesar de alcanzar resultados que, visiblemente, no son los mejores.
Urge, entonces, incrementar la accesibilidad a la educación y a los recursos con los que se debe contar en todo centro formativo para promover una educación integral e integrada que incluya, también, el nivel superior, ya que en el Perú, actualmente, solo se atiende al 25 % de la población que debería acceder a estudios técnicos o universitarios. Una investigación de la ONU Perú enfatiza en que más del 30 % de adolescentes no termina el colegio en la edad esperada; esto se suscita con mayor alcance en estudiantes del sector rural de algunas regiones como Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Loreto y Amazonas (Martens, 2020).
Sumado a lo anteriormente manifestado, está la tasa de deserción originada por la educación remota que se implementó a raíz del estado de emergencia por el virus del COVID-19. Si bien es cierto, esta modalidad educativa trajo nuevas oportunidades, también ha significado inconvenientes y retos que han repercutido en miles de niños y adolescentes del ámbito rural, quienes actualmente resisten los resultados de la brecha educativa, económica y de género. Esta forma de enseñanza, además, ha hecho más notorias todas las deficiencias que presenta el sistema educativo nacional.
El Gobierno tiene una función importante que cumplir para plantear una reingeniería educativa que haga posible brindar una formación académica que garantice una óptima preparación de los niños y jóvenes de hoy, de tal manera que puedan enfrentar exitosamente lo inesperado y lo desconocido, teniendo en cuenta que seguir pensando que el futuro será igual o similar al pasado no es lo más conveniente en la actualidad. Es posible que lo que hace falta sea desarrollar un enfoque distinto de la educación, uno que acentúe el logro de competencias que le permitan al individuo afrontar lo imprevisto y no solo lo previsto (Perkins, 2015).
Mientras tanto, desde nuestra labor docente, sigamos asumiendo a carta cabal los roles que cumplimos como educadores para garantizar una óptima formación de personas quienes se constituirán en los ciudadanos del futuro y los responsables de hacer realidad el desarrollo de nuestro país en un marco global.
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