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Especialistas de la UCV analizan si es viable para las empresas prorrogar la jubilación hasta los 75 años

Por: Universidad César Vallejo
marzo 15, 2023
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Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 93 mil trabajadores están próximos a cumplir los 70 años de edad y podrían afrontar la posibilidad de quedarse sin empleo. Tras la aprobación de los proyectos de ley que proponen prorrogar la jubilación o el cese por límite de edad del trabajador de 70 a 75 años, de forma voluntaria (para que puedan seguir laborando), los beneficiados con esta iniciativa serían quienes al 2021 tenían 67 años de edad, es decir, 112 mil 755 empleados adultos mayores. Es importante precisar que el empleador debe responder a esta solicitud del trabajador dentro de 30 días calendario y podría negarla si tiene un informe de su oficina de recursos humanos en que, con criterios objetivos, pueda probar que no existe la necesidad de contar con los servicios del trabajador. En ese sentido, dos especialistas de la Universidad César Vallejo (UCV) analizan si es viable para las empresas aplicar estos cambios a la normativa laboral nacional para aplazar la jubilación hasta los 75 años. “Sí es viable, pues, si los empleados cumplen con las condiciones necesarias para laborar, las empresas tendrían una buena imagen y ayudarían a que ellos puedan trabajar a esa edad”, sostiene el Mgtr. Jesús Barca Barrientos, docente de la Escuela de Administración de la UCV. Sin embargo, el Dr. Ángel La Torre Guerrero, docente de la Escuela de Derecho de la UCV, argumenta: “Los especialistas señalan que la edad promedio para iniciar la pensión de jubilación es de 65 años, no obligando a los trabajadores a que se jubilen a los 75; en este sentido de ideas, este cambio normativo es excepcional, no siendo viable para todas las empresas”. Por otro lado, mientras el especialista en administración considera que esta normativa ayudará a evitar que los adultos mayores que superan los 70 años recurran a un empleo informal, el especialista en Derecho sostiene que la informalidad laboral responde a otras necesidades de la población económicamente activa.
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