Desde la etapa de formación profesional es necesario que cada estudiante asuma el reto de convertirse en un abogado consciente del rol que le corresponde asumir con relación a los integrantes de la sociedad a la cual debe asistir al afrontar problemáticas dadas en cada disciplina, teniendo en el ámbito penal un espacio donde brindará una asistencia efectiva, comprendiendo que cada caso no es idéntico a otro y que no solo memorizando las normas podrá abordar cada proceso presentado.
En el camino del abordaje de los casos penales, existen funciones que esencialmente evidencian la calidad profesional del abogado a través de las cuales marcará distinción en la orientación a las personas que recurran a sus servicios, desarrollando actividades como el asesoramiento, la orientación y representación en audiencias y diligencias tanto en la sede fiscal o jurisdiccional.
Asumiendo un caso penal, el abogado en el área penal, guiándose de su conocimiento del estado, de los sujetos que se encuentran involucrados, de la participación de su patrocinado en los hechos y de su posible responsabilidad, indagará sobre un aspecto muy esencial: la imputación, la cual tiene que ser cierta, precisa o concreta, no basada en supuestos, producto de la fantasiosa narración de hechos o situaciones que se pueden plantear. Con el ánimo de indagar y con el sentido metodológico que debe guiar su actuar, poco a poco irá recopilando información para poder tener su propia teoría de los hechos, así como poder contradecir planteamientos de caso que pueda conocer de la parte oficial.
Recordando los mandamientos de Eduardo Couture en la labor profesional, el abogado, frente a los casos penales, tendrá que cumplir con el estudio del caso, así como averiguar el actual estado de la normatividad, pues de recurrir a salidas alternativas a los juicios orales, debe tener la competencia necesaria para llegar a acuerdos efectivos, a fijar una correcta aplicación de la pena y de los montos adecuados en la determinación de la reparación civil. El derecho se transforma constantemente y de no seguir el camino de la evolución de las normas e instituciones jurídicas se corre el grave riesgo de convertirse cada vez menos en el abogado que el Estado requiere para la solución de los conflictos penales.
Con la información sobre el caso previamente estudiado, las normas analizadas y teniendo en cuenta las instituciones a las que pueda aplicarse, el abogado penalista logrará orientar a las personas involucradas sobre sus derechos a ejercer. Así si se presentan casos comunes como conducción en estado de ebriedad. La persona que pueda recibir la asistencia logrará comprender el significado del principio de oportunidad para la solución del caso en el cual se encuentre siempre con la asistencia del profesional abogado. O en el contexto de existir un reconocimiento de la participación del asistido en casos más fuertes y en donde haya pruebas que lo vinculen con los hechos, podrá recurrir al desarrollo de una salida alternativa llamada Terminación Anticipada que será de conocimiento de las personas en conflicto siempre que el abogado, en estas circunstancias, se comprometa a brindar la información necesaria.
Los casos actuales en el ámbito penal reclaman que el abogado sea un profesional que pueda representar a sus clientes como también presentar escritos necesarios para el ejercicio de la defensa, sin que el tiempo o la culminación de los plazos limite el ejercicio de su labor, en tanto, como sostiene Couture, la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.
Consecuentemente, ser un profesional abogado en el área de la defensa penal amerita un consciente compromiso con los valores, actitudes y el correcto ejercicio de la carrera guiado por lo aprendido en la universidad, demostrando la calidad educativa en la cual ha sido capacitado a través de una formación basada en el desarrollo de competencias.
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