La inseguridad en el Perú se ha convertido en un aspecto alarmante, pues ha afectado la vida de los ciudadanos y perjudicado la economía del país. Desde un robo común hasta la extorsión y el crimen organizado, la delincuencia implica una sensación generalizada de miedo que afecta a las empresas y, por tanto, a las inversiones.
El Perú registró un aumento del 225% de robos a negocios entre el 2022 y el 2024. Durante el mismo tiempo, las víctimas de la extorsión aumentaron un 50%. En Lima y Callao, la cifra asciende al 94%. Como peruanos nos preguntamos, ¿cuál será su efecto en la economía?
Los efectos de las extorsiones han obligado a muchos comerciantes peruanos, como bodegueros y otros, a cerrar sus negocios. Muchos tuvieron que tomar la difícil decisión de cerrar sus locales o incluso trasladarse a otros distritos, ya que estos actos se han normalizado, afectando principalmente a las víctimas más indefensas, aquellas que no tienen protección privada. Las organizaciones delictivas vinculadas a los secuestros recurren a tácticas de amenaza que van desde agresiones físicas hasta la tortura o el asesinato de sus rehenes en caso de que no se pague el rescate.
A nivel nacional, la percepción de inseguridad crea desconfianza entre los inversionistas que piensan en abrir nuevos negocios o poner recursos en proyectos de infraestructura. Esta desconfianza es un obstáculo significativo para que fluya la inversión extranjera, que es un pilar fundamental en el desarrollo económico del país. Sin un torrente continuo de capital, el crecimiento económico se ralentiza y mueren las perspectivas de empleo y progreso personal. Por otro lado, el crimen puede afectar entre 1% y 3% el PBI en el Perú, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de los aspectos más evidentes de la delincuencia que condiciona la economía es el coste directo que tienen que asumir las empresas para protegerse. El gasto en sistemas de seguridad, personal especializado y seguros contra robos y pérdidas, aumenta exponencialmente en regiones donde la criminalidad es elevada. Según datos de la Cámara de Comercio de Lima, muchas empresas destinan hasta un 10% de su presupuesto anual solo en medidas de seguridad.
Esto significa una disminución de los márgenes de beneficio y condiciona la inversión en otras partidas (tecnología, expansión, etc.). El crimen organizado, particularmente el narcotráfico y la extorsión, ha penetrado sectores económicos clave como la construcción y el transporte. En muchos casos, las empresas se ven obligadas a pagar "cuotas" a bandas criminales para poder operar con normalidad. Eso genera un círculo vicioso que no solo disminuye la capacidad operativa diaria de las empresas, sino que encarece el coste de los proyectos necesarios para el desarrollo del país. Por ejemplo, la construcción de carreteras, puentes o infraestructuras energéticas.
También, los bloqueos y los ataques a los vehículos de transporte de mercancías tienen un efecto directo sobre la cadena de suministros, encareciendo los productos y disminuyendo la competitividad de las empresas en los mercados.
En un país donde la minería y la agroindustria son pilares de la economía, cualquier interrupción en las cadenas de exportación tiene consecuencias inmediatas y graves para el Producto Bruto Interno (PBI).
La delincuencia y la informalidad están profundamente conectadas. En un país donde más del 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, la falta de oportunidades laborales estables empuja a muchos hacia actividades ilícitas. La ausencia de una red de protección social o de empleo formal crea un entorno donde la delincuencia puede florecer. Este ciclo se retroalimenta: la delincuencia genera más desocupación al evitar las inversiones y el cierre de empresas, mientras que la desocupación y la falta de alternativas generan más delincuencia.
La economía informal, que en teoría puede constituir una válvula de escape ante la falta de trabajo formal, se ve también perforada por la delincuencia. La falta de campo laboral y la existencia de un gran número de migrantes desocupados, entre ellos delincuentes venezolanos y colombianos, hacen que los peruanos, cuando necesitan de alguien para realizar trabajos, pongan obstáculos para la contratación de este grupo poblacional, generando que, debido a la falta de empleo y el aumento de necesidades económicas, incrementen las extorsiones. Sienten que lo más fácil es amenazar, pedir cupo y nadie sabe quién eres.
El Estado no cuenta con presencia suficiente para hacer frente a la inseguridad. Una Policía poco especializada, descoordinación con la Fiscalía, escasa logística y la falta de tecnología para identificar y buscar a los culpables, hacen que esto se acreciente aún más.
Las empresas han comenzado a adoptar formas de acción colectiva, estableciendo alianzas con autoridades locales y organizaciones civiles para promover la seguridad en las áreas donde desarrollan su actividad. Y también están realizando una inversión fuerte en programas de responsabilidad social que tratan de ofrecer alternativas para jóvenes en riesgo, llevando educación, formación y trabajo.
A pesar de estos aspectos, el Gobierno y el sector empresarial comienzan a tomar decisiones para afrontar la delincuencia. Medidas como el aumento de efectivos policiales, la modernización de las fuerzas de seguridad y de proyectos de vigilancia mediante cámaras y tecnologías de última generación, forman parte del camino correcto. Sin embargo, estas disposiciones no serán suficientes si no van acompañadas de una estrategia integral que contemple también las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades educativas y laborales.
Por otra parte, sería interesante recoger las experiencias positivas de otros países. En primer lugar, disponer de centros de flagrancia, es decir, cuando se pillan in fraganti a los delincuentes, pueden ser juzgados directamente, sin pasar por todo el proceso judicial. En segundo lugar, a través de la cooperación privada para facilitar una mayor seguridad a la ciudad mediante obras por impuesto, permite disponer de buena infraestructura y de servicios públicos de calidad.