El concepto moderno de ciudadano se traduce sobre la confluencia del principio de igualdad entre las personas y la consideración del individuo como miembro pleno de una sociedad que se expresa mediante el reconocimiento de derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho de participación ciudadana.
El derecho de participación ciudadana se constituye en un derecho fundamental reconocido en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho:
“A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”.
En esta línea, la participación ciudadana juega un rol importante y ha sido comprendido como el conjunto de actividades voluntarias mediante las cuales las personas que integran una sociedad participan en la selección de sus gobernantes y, directa o indirectamente, en la elaboración de la política gubernamental.
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no solo se constituye en una manifestación de la dignidad humana, por ser un derecho fundamental, sino que supone una garantía indispensable para la realización de otros derechos fundamentales para un control adecuado de la actuación del Estado.
En un Estado de derecho donde prima la Democracia, el derecho de participación ciudadana comprende a las personas a elegir y ser elegidos, así como el uso de mecanismos de participación directa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31° de la Constitución, que señala:
“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas”.
La Constitución de 1993 define al derecho de participación de manera precisa: Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción (artículo 31). Los ciudadanos tienen derecho a la participación popular en el nombramiento de magistrados (artículo 139, inciso 17), etc.
Desde la teoría de Platón, el Estado necesita ciudadanos activos, lo cual puede traducirse a través de la cooperación y la responsabilidad moral y los principios de justicia. Los ciudadanos no necesitamos del Estado instituciones rígidas, sino que garantice contar con espacios públicos para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía en todas sus expresiones que tengan lugar.
Queda claro que la Constitución nos garantiza la participación directa y activa de toda la ciudadanía en los diferentes niveles de gobierno, lo que implica vivir en una sociedad organizada representada por la Ciudad-Estado, donde el derecho y el deber que tiene toda persona es apoyar y colaborar con la gestión pública.
Ya que las autoridades elegidas mediante el voto popular representan los intereses de toda la población, esta participación a su vez evita el riesgo de que las autoridades pierdan el rumbo o la dirección de las iniciativas que tienen que ejecutar en beneficio de todos. Esta acción busca que la gestión pública sea más eficiente y transparente.
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