Un tema urgente: ¡La formalización laboral en el Perú!

Desde hace varios años en nuestro país, la informalidad laboral (IL) se ha convertido prácticamente en un lugar común. De cada 10 personas que trabajan solo 3 gozan el beneficio de un trabajo formal, y entre estos la posibilidad de contar con una pensión de jubilación digna. Esta situación muestra una significativa desigualdad entre trabajadores, donde una minoría goza de beneficios sociales mientras que una gran parte se encuentra excluida de los mismos. Esta acuciante realidad social no debería ser éticamente tolerable si queremos construir un verdadero estado de bienestar. El Estado ha dado algunos pasos para reducir la IL, como es el caso de la creación de la SUNAFIL, con acciones mayormente punitivas, programa 'Pensión 65', implementación del Seguro Integral de Salud (SIS), propuesta de salud universal (cuasi-gratuita en la realidad) o la creación del Régimen Laboral Remype que reduce los costos como gratificaciones y elimina la CTS, pero no los beneficios sociales que aún son altos para las microempresas. Estos esfuerzos son insuficientes y es evidente que aún no se logra disminuir significativamente la IL. En el contexto económico actual, de lento crecimiento y alta incertidumbre mundial, es muy difícil reducir sustancialmente la IL, a corto o mediano plazo, si nos basamos en el crecimiento del PIB. Por ello el Estado debería ver la manera de solucionar esta situación asumiendo directamente el costo total del servicio de salud, así como el otorgamiento de la pensión mínima universal. En este sentido, a fin de iniciar el proceso de formalización laboral, un primer paso propuesto es la generación universal para que todos los peruanos mayores de edad tengan su Registro Único de Contribuyente, RUC, el cual permitirá –de manera automática– incorporar al sistema económico formal a toda nuestra fuerza laboral. Ya se está debatiendo en el Congreso de la República una nueva reforma pensionaria que cumpla con el objetivo de asegurar una pensión digna. Se propone, entre otras alternativas, el establecimiento de una pensión mínima universal financiada con el pago de IGV de los trabajadores y administrado por una AFP pública y convertir el Fondo privado en opcional. Esperamos que la alternativa elegida sea realmente viable, sostenible y satisfactoria para los trabajadores. Asimismo, la búsqueda de un sistema de salud eficiente y eficaz no debe postergarse por ser igualmente necesario para lograr un verdadero estado de bienestar.