¿Aumentar el sueldo mínimo es la solución para mitigar las necesidades del ciudadano común?

Cada vez que se anuncia un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), surge una expectativa en los hogares: tener más dinero para cubrir la alimentación, el transporte, la educación, la salud y otros gastos cotidianos. Desde una perspectiva social, mejorar los ingresos de los trabajadores es una medida interesante; sin embargo, cabe preguntarnos si aumentar el sueldo mínimo soluciona las necesidades del ciudadano común y corriente. Considero que no. Puede aliviar parte de la presión económica, pero sus resultados dependerán de cómo se comporte el costo de vida, de la productividad de las empresas y de la capacidad del país para generar empleo formal.

El 1 de octubre de 2026, la remuneración mínima para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada pasó de S/ 1130 a S/ 1230, como primer tramo de un incremento que busca llegar a S/ 1300. Este cambio representa un ingreso nominal adicional de S/ 100 mensuales para quien percibe el mínimo y está comprendido en la norma. Es una mejora concreta, pero el monto que aparece en la boleta de pago no siempre equivale a una mejora similar en la capacidad de compra. Si los precios de los alimentos, los pasajes, el alquiler y los servicios aumentan, una parte de ese incremento puede desaparecer antes de terminar el mes.

Aquí es útil aplicar una idea básica de las finanzas: no basta con observar cuánto dinero ingresa; también debemos analizar cuánto cuesta mantener el mismo nivel de vida. El presupuesto familiar funciona, en términos sencillos, como un estado de resultados personal. Los ingresos son el punto de partida, mientras que los gastos esenciales absorben una parte importante del dinero disponible. Si los gastos crecen al mismo ritmo que los ingresos o más rápido, el resultado final —el dinero que queda para ahorrar, atender una emergencia o pagar una deuda— puede seguir siendo reducido. Por eso, el aumento salarial debería evaluarse en relación con la inflación y los gastos reales de las familias, no solamente por la cifra anunciada, para evitar que se convierta en una medida populista.

Desde el enfoque contable, la discusión también debe considerar a las micro y pequeñas empresas, que generan buena parte de la actividad económica local. Para un negocio, el salario no es un dato aislado: forma parte del costo de personal y, junto con las obligaciones laborales que correspondan, influye en el costo de operación. Un aumento puede impulsar el consumo porque los trabajadores disponen de más dinero; sin embargo, si la empresa no mejora sus ventas, su productividad o sus procesos, también puede reducir su margen de utilidad. Un ejemplo es el emporio comercial de Gamarra, cuyos comerciantes estarían registrando pérdidas millonarias este año debido a los efectos del fenómeno de El Niño, lo que podría implicar despidos masivos de personal. Ante esa presión, algunos negocios podrían ajustar precios, postergar nuevas contrataciones, reducir horas o, en el peor de los casos, operar fuera de la formalidad. Esto no ocurre necesariamente en todos los casos, pero es un riesgo que debe considerarse al diseñar la política salarial.

Por ello, la contabilidad cumple un papel fundamental. Antes y después de un incremento de la RMV, las empresas deben revisar sus presupuestos, el costo laboral total, el flujo de caja, el punto de equilibrio y los márgenes de contribución. No se trata de considerar al trabajador como un gasto que debe recortarse, sino de tomar decisiones responsables para sostener el empleo y la continuidad del negocio. Una empresa que conoce sus costos puede identificar desperdicios, mejorar la gestión de inventarios, negociar con proveedores, digitalizar procesos y elevar la productividad sin trasladar automáticamente toda la presión al consumidor. En paralelo, el Estado debe evaluar los efectos de sus decisiones con información verificable y mediante el diálogo entre trabajadores, empleadores y especialistas.

También debemos reconocer un límite importante: la remuneración mínima protege principalmente a quienes tienen un empleo formal sujeto a esa regulación. Sin embargo, muchas personas trabajan de manera independiente, realizan actividades informales o tienen ingresos variables. Para ellas, un aumento legal no se traduce automáticamente en más dinero en el bolsillo. Si la política pública se concentra únicamente en elevar el sueldo mínimo, deja sin respuesta a una parte de la población que también enfrenta el alza de precios y la inestabilidad de sus ingresos. La solución requiere promover la formalización, facilitar el crecimiento de las pequeñas empresas, mejorar la capacitación laboral y fortalecer la fiscalización para que los derechos reconocidos se cumplan efectivamente.

Desde mi punto de vista, aumentar el sueldo mínimo puede ser parte de la solución, pero no debe presentarse como una respuesta completa a las necesidades económicas de la población. La mejora será más sostenible si se acompaña de medidas que eleven la productividad, impulsen la inversión, reduzcan las barreras para formalizar negocios y favorezcan una competencia que evite aumentos injustificados de precios. Asimismo, es necesario mejorar la educación financiera de los hogares: elaborar presupuestos, distinguir necesidades de deseos, comparar precios, evitar el sobreendeudamiento y reservar, cuando sea posible, una parte de los ingresos para emergencias. Estas prácticas no reemplazan la obligación de pagar remuneraciones justas, pero ayudan a tomar decisiones económicas más informadas.

En conclusión, el debate no debería limitarse a preguntar cuánto debe subir el sueldo mínimo, sino también cómo lograr que ese ingreso alcance para vivir mejor y que las empresas puedan sostener empleos formales. Un aumento salarial tiene valor cuando se convierte en mayor capacidad de compra, mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo, no solo cuando eleva una cifra en la planilla. La contabilidad nos recuerda que toda decisión económica debe analizarse considerando los ingresos, los costos, los resultados y la sostenibilidad. Por eso, el verdadero reto del país es combinar remuneraciones dignas con productividad, formalización y estabilidad de precios. Solo así el ciudadano común podrá sentir una mejora real y duradera en su economía familiar.