La globalización y la transformación digital han permeado la gobernanza y todas las esferas de la sociedad contemporánea. El ámbito legal no es una excepción. En este contexto, el derecho penal y procesal penal enfrenta desafíos frente a los delitos comunes y no convencionales, como la criminalidad organizada -en sus diferentes manifestaciones- dentro de la era de la Inteligencia Artificial (IA).
La digitalización en el aparato de justicia ha proporcionado herramientas eficientes para combatir la delincuencia, sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas amenazas. En la lucha contra la criminalidad organizada, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico, corrupción de funcionarios y otros delitos, la tecnología desempeña un papel crucial, tanto para las fuerzas del orden, así como para el sistema judicial y los profesionales del derecho, pues, mediante el procesamiento, análisis y selección de datos necesarios permite desmantelar redes criminales complejas (con alcance nacional o transnacional). Además, permite la incorporación legal y legítima de las pruebas, indicios, elementos de convicción y medios de prueba en el proceso penal.
Pero la expansión de la ciberdelincuencia plantea interrogantes sobre el manejo de instituciones jurídicas (sustantivas y adjetivas) por parte de los operadores del sistema de justicia en su conjunto, así como la capacidad del marco legal actual para abordar estos delitos de manera efectiva en la legislación penal general y normas específicas.
Además, la introducción de la IA en la aplicación del derecho penal ha generado debates sobre la ética, la propiedad intelectual y la privacidad, donde los algoritmos que guiarán la toma de decisiones judiciales plantean desafíos relacionados con la transparencia y el sesgo, junto a la programación de la información. No obstante, el uso razonable de la IA es una oportunidad en la administración de justicia, pues permite obtener resoluciones judiciales justas y equitativas que resuelvan cuestiones litigiosas en casos complejos, evitando discriminaciones y protegiendo los derechos de acuerdo a la Ley, la Constitución y la Convención.
Asimismo, en el Perú, la digitalización es beneficiosa porque ha agilizado los procedimientos dentro de los sistemas judiciales, permitiendo una gestión más eficiente de casos. Es un reto continuar con la modernización del marco judicial en los entornos virtuales, ampliando la red de conectividad, la accesibilidad e interoperabilidad. Sin embargo, regresar a la presencialidad dificulta los avances logrados, reduciendo la confianza en los operadores de justicia por presuntos actos irregulares y poco transparentes. Por otro lado, la desventaja más significativa es la dependencia de la tecnología, porque presenta riesgos de vulnerabilidad a ciberataques y amenazas a la integridad de la evidencia digital. Por lo tanto, en un entorno digital, es esencial proteger los derechos de los sujetos procesales -y de todos los individuos- contra la delincuencia organizada en el ciberespacio y dentro del debido proceso.
En consecuencia, por los argumentos descritos precedentemente, esta situación exige en el profesional del derecho una actualización de las figuras materiales y procesales, mediante el análisis, reflexión y el estudio integral de: la teoría del delito, la imputación objetiva, la argumentación jurídica para una debida motivación, la prueba en el proceso penal, la teoría del caso y la litigación oral, junto al derecho penal económico y de la empresa, así como el derecho penal internacional. Ello con la finalidad de fortalecer las competencias y habilidades a través de una actitud crítica, humanista y ética en el ejercicio profesional junto a la responsabilidad social e integridad en la investigación científica en el entorno universitario.
En ese sentido, queda evidenciado que el derecho penal y procesal penal están experimentando una profunda transformación en la era digital, lo cual merece un tratamiento serio y responsable para hacer frente a los retos y desafíos contemporáneos. Por eso, es importante gestionar y fortalecer las competencias del profesional en la disciplina jurídica; además, para ampliar sus conocimientos, mejorar la asesoría y optimizar el patrocinio se debe perfeccionar la técnica jurídica, proponer la adaptación de las leyes a la complejidad de la criminalidad organizada y buscar la integración responsable de la IA para garantizar una justicia célere, efectiva, motivada y equitativa. Finalmente, es tarea de los legisladores, juristas, operadores del sistema de justicia y abogados en general tener una cultura jurídica actualizada, aplicar la tecnología en los procesos judiciales, ampliar la jurisprudencia y desarrollar marcos legales que aborden los desafíos emergentes y protejan los derechos fundamentales de las personas (naturales y jurídicas) en este nuevo paradigma legal dentro del proceso judicial.
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