El Estado, concebido desde la perspectiva política como una forma de organización de carácter social, en la cual subsisten instituciones soberanas que conducen la existencia de la comunidad de personas que coexisten en un territorio nacional, atraviesa un proceso de modernización en su gestión, que requiere objetivos que sean compartidos por gobernantes y gobernados a fin de obtener un objetivo concreto: el estado de bienestar o el propio bien común al cual puedan acceder los ciudadanos al poder resolver sus necesidades.
La Ley N.° 27658, denominada Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (LMMGE), orienta el proceso por el cual el Estado peruano se conduce hacia la modernización teniendo el propósito de mejorar la gestión pública, generando un Estado democrático, descentralizado y al servicio de las personas, cumpliendo el horizonte trazado en la constitución política al organizar la estructura del propio Estado.
A la fecha, el proceso de modernización del Estado ha conllevado una suma de esfuerzos consecutivos, con el fin de alcanzar los objetivos de una gestión estatal efectiva. Este propósito llevó al Gobierno, a partir del 19 de agosto de 2022, a aprobar la denominada Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 (PNMGP).
Desde un enfoque brindado por la sociología política, el proceso de modernización del Estado requiere ser estudiado como en el contexto por el cual se vincula el Estado con la ciudadanía. Este proceso de formación sociopolítica resalta la participación de los ciudadanos hacia los cuales se orientan los esfuerzos por desarrollar una eficaz gestión de las entidades públicas.
Así, un primer acercamiento al significado del proceso de modernización del Estado requiere que se conozcan los principios que orientan su implementación, detallándose lo siguiente:
Derechos Humanos: mediante este principio se evidencia la necesidad de contar con funcionarios y servidores públicos comprometidos con el abordaje de los derechos humanos y su defensa en la prestación de los servicios al ciudadano, considerando que el trato que debe recibir esté basado en el reconocimiento de su dignidad eliminando diferencias por género, cultura o ciclo de vida. Además, se debe reconocer que en el marco social subsisten grupos vulnerables que deben recibir un trato adecuado cuando las entidades públicas con criterio de modernidad brinden sus servicios.
Cuando las entidades comprometidas con el proceso de modernización del Estado realizan intervenciones sociales, deben evaluar las consecuencias de su accionar, obrando con el principio de orientación a resultados.
Con el propósito de evaluar los resultados, las entidades del Estado prestadoras de servicio público deben sobreponerse ante situaciones adversas, superando eventos que se presenten con una capacidad de respuesta efectiva, actuando con el principio de resiliencia.
La satisfacción de las necesidades colectivas, con la adecuada prestación de los servicios públicos en materias como salud y educación, implica la utilización adecuada de los recursos públicos, generando la efectividad del principio de productividad.
Por el principio de territorialidad, las entidades del Estado, asumiendo los criterios de modernización, abordan los problemas que se suscitan no solo a nivel central, sino en cada uno de los territorios en donde se brinda la asistencia social.
En sus actuaciones, las entidades públicas destinan sus esfuerzos para proyectos que pueden perdurar en el tiempo, no solo cumpliendo únicamente objetivos coyunturales. Por tal motivo, se requiere una labor abordada desde el principio de continuidad.
Las políticas que desarrollan las entidades públicas implican la posibilidad de abordar situaciones coyunturales o circunstanciales, resultando importante que se pueda actuar con flexibilidad y agilidad.
Todo el esfuerzo desplegado por las entidades públicas al brindar sus servicios en el ámbito de la modernidad no se aleja del respeto legítimo al entorno, siendo útil una gestión racional de los recursos naturales por el principio de sostenibilidad ambiental. El nivel de aceptación del proceso de modernización de la gestión del Estado reside en los ciudadanos, al expresar en la opinión pública la aprobación de la gestión de las entidades estatales.