Lo peor que le puede pasar a una comunidad local y aun más a un país, a un Estado, es ignorar las causas, tratamiento y consecuencias del daño o los daños que impactan sobre su medio ambiente, que le es esencial y determinantemente vital. Esto es lo que viene pasando, al cabo de dos semanas, a raiz del derrame de petróleo ya no solo en el mar de Ventanilla sino extendido en muchos kilómetros hacia norte y sur de la zona inicialmente afectada. En efecto, la opinión pública nacional e internacional, así como las autoridades administrativas, fiscales y judiciales, carecen de la información completa que al día de hoy debieran dsponer de parte de la empresa Repsol, directamente responsable del derrame; de los ministerios involucrados (Ambiente, Agricultura, Energía y Minas, Agricultura y Producción); y de los municipios y regiones de Lima y Callao; sin dejar de contar a dos organismos descentralizados claves: la Contraloría y la OEFA. Si bien son graves el ocultamiento de información, las contradicciones y la confusión que rodean el problema, lo son también la desorganización y la dispersión de la autoridad del Estado en materia ecológica. Hay tantas líneas de administración, control y fiscalización sobrepuestas y cruzadas entre los ministerios del Ambiente, Energíay Minas, Agricultura y Producción (que incluye Pesquería), que hacen difícil y prácticamente imposible que tengamos una política clara de defensa y buen uso de nuestros recursos naturales y de manejo y sanción efectiva de los daños perpetrados contra ellos. Esto acarrea naturalmete una acumulación perniciosa de ineptitud e impunidad, que debiera movilizarnos inmediatamente como sociedad y Estado a dar dos pasos ejemplares: uno, a sentar una firme y efectiva autoridad frente a la catástrofe ecológica última, al punto que no volvamos a tropezar con impunidades anteriores; y dos, a establecer una política ambiental muy bien definida, unitaria, coherente y transparente, al mejor nivel de los estándares internacionales más confiables. Ya no es posible la menor vuelta atrás en el manejo y administración de nuestros recursos naturales, probadamente considerados entre los más ricos y diversos del mundo, en momentos en que el la ciencia y la tecnología mundiales avanzan hacia el descubrimiento de nuevas alternativas de energía limpia. No podemos seguir contemplando estoicamente, con relativa frecuencia, daños contaminantes de proporciones catastróficas, respectos de los cuales ni las autoridades estatales ni las empresas e instituciones involucradas se sienten en la responsabilidad de dar respuestas válidas. Lo que haga o deje de hacer hoy el Gobierno, el Estado Peruano como tal y la sociedad civil, frente a la catástrofe ecológica que estamos viviendo, repercutirá a corto y mediano plazo en mantener la destructiva inercia provocada por la desatención de décadas del medio ambiente, o en dar un gran salto positivo y ejemplar hacia un nuevo y superior comportamiento en defensa de nuestros recursos naturales.
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