Actualmente la tecnología ha traspasado todos los aspectos de nuestra vida y el proceso penal peruano no es la excepción. Sobre este punto podemos hacer referencia al expediente judicial electrónico implementado en el año 2017 en diversas cortes superiores de justicia del Perú con el objetivo de modernizar el Poder Judicial, dejando atrás la utilización de papel, los anaqueles con expedientes y notificaciones tradicionales para convertirlos en procesos judiciales digitales, a fin de lograr una justicia eficiente y eficaz. Asimismo, producto de la pandemia del COVID-19, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el uso de tecnologías de la información y comunicación para la viabilidad en el desarrollo de las audiencias judiciales, actualmente bajo la denominación de audiencias virtuales.
Siendo esto así, resulta relevante puntualizar que los avances científicos y tecnológicos vienen acelerando el desarrollo de los procesos penales, lo cual exige una mayor adaptabilidad por parte de los sistemas normativos y de los operadores de justicia, con la finalidad de comprender que conceptos como ciberespacio, plataformas digitales, ChatGPT, Inteligencia Artificial, entre otros, vienen generando nuevas formas de vínculos jurídicos que desafían los límites establecidos por el derecho. Reflexiones que exigen que todos los operadores de justicia se encuentren a la vanguardia y al ritmo de las novísimas estructuras digitales.
Respecto a la Inteligencia Artificial podemos mencionar que los integrantes de la UNESCO, a finales del año 2021, suscribieron el primer acuerdo mundial sobre la ética de la IA con el objetivo de establecer valores y principios que guíen la estructura jurídica para garantizar un progreso adecuado respecto de su uso. Por su parte, el Estado peruano, el 5 de julio del 2023 mediante la Ley N.° 31814, dispuso promover el uso de la Inteligencia Artificial en favor del desarrollo económico y social del país, estableciendo entre sus principios el desarrollo ético para una IA responsable.
A este nivel, podríamos reflexionar si el uso de las actuales herramientas digitales en un proceso penal no desvirtúa su contenido ético y jurídico. Sobre ello, podemos señalar que, si bien la tecnología puede mejorar la visibilidad de los procedimientos judiciales, también puede introducir nuevos desafíos en términos de comprensión pública. La complejidad de los sistemas digitales puede crear una barrera adicional para la comprensión de los ciudadanos sobre cómo se toman decisiones judiciales.
Entonces, es crucial establecer políticas que promuevan la transparencia y protección de los derechos fundamentales y, de esa forma, no olvidar que a medida que avanzamos hacia una era más digitalizada, es imperativo que la evolución del derecho procesal penal vaya de la mano con los principios fundamentales de la justicia, la equidad, los valores y la ética.
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