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La vida profesional del abogado se nutre de constantes retos en los cuales tiene que poner a prueba sus capacidades para poder cumplir con el rol que le corresponde ejercer. Desde el origen del término “abogado” existe ya un compromiso con una labor con sentido de servicio a quienes requieren ser asistidos. Al provenir del vocablo advocatus, el ser abogado implica en convertirse en los llamados o convocados a la representación de quienes deben ser escuchados y tener mayor presencia en las actuaciones procesales.
En el ámbito del derecho penal, disciplina que implica un contacto directo con hechos reales, la presencia del abogado resulta fundamental para la pronta resolución del conflicto penal. El Estado frente a los hechos delictivos requiere ejercer un poder, la expresión de su política criminal adecuadamente encaminada y sustentada en principios que conduzcan la racional forma de sancionar a los responsables de los hechos más graves presentados en la sociedad, en tal sentido se exige profesionales competentes acordes a las avanzadas metodologías de enseñanza y aprendizaje, proceso que tiene como resultado la adecuada formación de quienes dando respuesta a la necesidad de contar con profesionales de calidad se identifiquen con el modelo de formación basado en el desarrollo de competencias.
El modelo de formación se basa en el desarrollo de competencias, implica el necesario fortalecimiento de habilidades para poder asumir los roles que conllevan la determinación de la responsabilidad penal en quienes cometen hechos delictivos. Presentado un hecho de carácter delictivo, la investigación será ejercida desde los primeros momentos de su comisión, desde la constitución en el lugar de los hechos por el Ministerio Público personificados por el fiscal responsable de la dirección de la investigación en coordinación con personal policial, generando una teoría del caso, una versión de los hechos con los primeros indicios o evidencias, las cuales serán de conocimiento de la defensa tanto privada como la labor de profesionales que representen el ejercicio de derechos fundamentales, labor ejercida por los defensores públicos.
En el camino de la determinación de la responsabilidad penal, en el desempeño de la labor en derecho de profesionales, evidentemente resulta fundamental el desarrollo de las competencias logradas en el proceso de formación superior, encontrándose como fundamentales las capacidades de razonamiento jurídico y argumentación forense.
El razonamiento jurídico del profesional en derecho penal se distingue fundamentalmente del clásico memorismo, pues no resulta mejor profesional quien llegue a recitar literalmente la ley, dado que los retos que implica la labor corresponde a saber valorar el sentido de lo prohibido y que debe ser evitado en sociedad, así como la pena que se impondrá si se comete la conducta prohibida, una labor de poder encuadrar los hechos a la ley previamente establecido, al igual que el cumplimiento de cada presupuesto de una rigurosa teoría del delito.
En el ámbito de la argumentación jurídica, el profesional del derecho debe tener la capacidad de no limitarse al solo pensamiento, sino debe tener la facultad de sustentar sus afirmaciones basadas en el derecho, en las leyes, principios, jurisprudencia y doctrina, en ser un investigador constante con la capacidad de poder desempeñarse en cada actuación en la cual se requiera su participación, desarrollando habilidades en audiencias en donde se valore capacidades en litigación oral fundamentada.
Con las habilidades descritas se lograrán profesionales que puedan ser críticos de los conflictos sociales, de la problemática real y concreta que aborda el Estado y que muchas veces tienden a confundir a la colectividad a través de los medios de comunicación. Así contemplábamos que sobre la prisión preventiva en el caso de los investigados Sada Goray y Mauricio Fernandini, se anunciaba a través de los medios que ya habían sido condenados a tan severa medida. Un profesional actual en derecho penal distingue con su razonamiento jurídico que la prisión preventiva no es una condena, es una medida coercitiva, pudiendo emitir una crítica basada en derecho sobre la legalidad, pertinencia y proporcionalidad de esta medida cuando desarrolle su capacidad argumentativa.
Consecuentemente, ejercer la labor profesional en derecho penal implica un reto que no debe generar temor, sino una vocación por quienes perciben ser llamados o convocados al ejercicio del Derecho, cada vez más innovador, compromiso que se asume y desarrolla en la Escuela de Derecho UCV.
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