El “Acuerdo Nacional” fija como fines del Estado peruano aquellos que permitan, entre otras cosas, fortalecer la equidad y justicia social al 2030. Este propósito, como política estatal, “garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive en situación de pobreza”, estableciendo como variables para efecto de su medición los siguientes factores:
- Porcentaje de incremento de las atenciones brindadas por los defensores de oficio.
- Porcentaje de incremento de las atenciones brindadas por los Consultorios Jurídicos Populares.
- Número de Consultorios Jurídicos Populares funcionando.
- Porcentaje de logro de aplicación de sentencias en materia de familia.
- Número de programas de difusión y capacitación en derechos humanos en las regiones.
- Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.
- Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social.
- Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
Noticias relacionadas