Con la llegada de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 se evidenciaron retos sobre problemáticas que ya existían incluso antes de la pandemia, principalmente en la gestión de los gobiernos sobre la salud integral entre las que resaltan la salud mental. En consecuencia, aquellos infectados por el coronavirus evidenciaron depresión, ansiedad y demencia (OPS, 2021), por lo que la OMS solicitó ampliar lineamientos establecidos en sus planes estratégicos invitando a los gabinetes de los distintos países a una gestión pública para hacer frente a dicha situación.
Para entender la importancia de la salud mental se debe contemplar las distintas perspectivas de los autores tales como Sigmund Freud, quien brindó un acercamiento sobre cuadros clínicos que no seguían un modelo fisiológico, sino que se explicó a partir de conflictos mentales inconscientes y traumas biográficos. Asimismo, desde el modelo biológico se encuentra Kandel, quien explicó que el componente biológico influye en gran medida sobre las acciones de los individuos, siendo reforzados por medio del aprendizaje; por otro lado está Fromm, quien manifestó que la salud mental es un constructo psicológico con un concepto social relativo, tomando en cuenta la adaptación que mantiene el ser humano frente a otros. Frente a lo escrito por los autores, la salud mental es un concepto que va más allá de la presencia de la enfermedad física y radica en el estado de bienestar donde la persona es capaz de expresar su potencial, teniendo la incapacidad de afrontar las adversidades de su entorno personal y social.
En cuanto a la gestión pública, refiere al conjunto de acciones establecidas para alcanzar un objetivo mediante la distribución de bienes y servicios; no obstante, esta ha evolucionado hasta llegar a la gestión pública moderna, que se fue adaptado al contexto y necesidades del estado, considerando la participación ciudadana en busca de mayor consciencia en el Estado frente a los fenómenos suscitados en la sociedad. Adicionalmente en América Latina, países como Argentina, Chile o Colombia, han generado no solo políticas de salud mental, relacionadas a promover medidas de diagnóstico e intervención de los trastornos mentales, además de la convivencia social sobre dicha condición, sino también han impulsado propuestas en la que la salud mental sea considerada prioridad nacional.
En cuanto al contexto peruano, el deterioro de la salud mental en los niños y adolescentes ha sido considerablemente afectado, manifestándose mediante la frustración, baja autoestima y bajo rendimiento académico. Adicionalmente, es importante resaltar que el 40% de la población tiene una probabilidad de sufrir un trastorno mental. En esa misma línea se evidencia en los adolescentes índices de bullying, intento de suicidio, cutting, entre otros. Esto refleja las pocas habilidades socioemocionales del país, pero también podemos mencionar la baja productividad en los adultos mayores que evidencian estrés, ansiedad, depresión e inestabilidad emocional.
En síntesis, la salud mental ha sido durante muchas décadas un tema tabú, donde se priorizó el nivel físico sin considerar la aflicción a nivel psicológico, por lo que en la actualidad debe ser tomada en cuenta con la importancia que se necesita, debido a los estragos que dejó el confinamiento por el coronavirus, lo que conlleva a la necesidad de una gestión pública eficiente por parte del gobierno, brindando así recursos y presupuestos necesarios, leyes para desarrollar centros de atención psicológica primaria o de emergencia, sumando esfuerzos en relación a la promoción y prevención de la salud mental en colaboración de los profesionales del bienestar mental y los ciudadanos, así como de un acuerdo nacional en la que se ponga énfasis en un trabajo de equipo multidisciplinario, multiministerial y multisectorial.
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