El sentido de la Administración Pública y los esenciales principios que regulan el proceso administrativo

Cuando en el ámbito de las noticias se conoce que un sector de la sociedad carece de servicios tan esenciales como el agua o la electricidad, ante los continuos y prolongados cortes de este servicio, se hace necesario recordar qué rol asume el Estado frente a las situaciones descritas y que corresponden al ámbito de la Administración Pública.

La Administración Pública es comprendida como el fundamental instrumento que permite que el Estado logre atender las necesidades que se presentan en la sociedad, a fin de alcanzar el bienestar general, resolviendo las exigencias y demandas que plantea la comunidad política.

Así, cuando el Estado logra afrontar las demandas de la sociedad, atendiendo las necesidades de la colectividad, se evidencia que la Administración Pública satisface necesidades de la comunidad, ejecutando políticas públicas y generando decisiones que requieren instituciones, así como profesionales en calidad de funcionarios o servidores públicos que promuevan las acciones necesarias en la prestación de servicios públicos.

Cuando el ciudadano acude a una entidad y es atendido por un profesional del Estado, acude con la necesidad de encontrar respuesta a sus necesidades de contar con servicios públicos eficientes. Requiere encontrar la voluntad del Estado expresada como acto administrativo.

Es en ese camino por el cual el ciudadano que presenta sus inquietudes o necesidades ante la entidad administrativa que se desarrollará un conjunto de pasos regulados por el derecho, para que la Administración Pública garantice el respeto de los derechos de los usuarios de los servicios públicos.

El conjunto de pasos que recorre el ciudadano para la obtención de licencias municipales, el pago de tributos, autorizaciones, entre otros derechos, es comprendido como el procedimiento administrativo seguido ante la entidad administrativa, que expresa la voluntad del Estado en resoluciones o actuaciones concretas.

El denominado procedimiento administrativo no resulta ajeno a la aplicación de principios que evitan arbitrariedades y aseguran que el Estado, al atender a los ciudadanos, reconozca sus derechos fundamentales.

La regulación del procedimiento administrativo en el ámbito jurídico tiene como norma fundamental las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En su título preliminar, la Ley N.º 27444 ha establecido los principales principios que regulan la labor de la Administración Pública al atender, mediante el procedimiento administrativo, las necesidades de la comunidad política.

Al efectuar la prestación de un servicio público, las autoridades, a través del criterio de legalidad, actuarán con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, cumpliendo lo señalado en normas como el Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada entidad, únicamente exigiendo requisitos previamente establecidos en la ley o sanciones que, con carácter estricto, se encuentren en la normatividad, no otros, en tanto se evita la arbitrariedad por parte del Estado.

Cuando un ciudadano afronta un procedimiento que cuente con garantías mínimas para que logre ser escuchado, debidamente notificado, pueda ofrecer pruebas, se actúe en el marco de un plazo razonable y se obtenga una decisión motivada, se afirman las exigencias necesarias de un debido procedimiento que evite que el ciudadano sea afectado en sus derechos fundamentales ante la Administración Pública.

Al acercarse cada ciudadano a la entidad administrativa, sin el temor a la rigurosidad con la cual era atendido, aceptando la entidad pública la presentación de escritos subsanables y dispensándose formalidades, se involucra en un procedimiento administrativo sustentado en el informalismo, que no significa una ausencia de reglas, sino evitar el excesivo rigorismo, prefiriéndose una Administración Pública ágil y dinámica.

El conocimiento de los principios que regulan el procedimiento administrativo garantiza que cada ciudadano que se aproxima a la Administración Pública cuente con la confianza de que la entidad administrativa no actúe con arbitrariedades, promoviendo el respeto de los derechos fundamentales.

La formación de los profesionales sobre los principios que regulan el procedimiento administrativo implica valorar las garantías de una eficaz Administración Pública, atenta a resolver los requerimientos de la ciudadanía, compromiso que se comparte en las sesiones de aprendizaje.