El paro de transportistas indefinido, ya en su quinto día consecutivo en protesta por el alza del precio del combustible, continúa afectando a distintas regiones del país por el bloqueo de carreteras y el desabastecimiento de algunos productos básicos de alimentación en los mercados. Al impactar también en la actividad del sector agroindustrial, retrocede la reactivación económica necesaria para el país, suben los precios en los diversos productos y esto repercute en una alta inflación que perjudica al consumidor agroindustrial y a los mayoristas de materiales de la construcción, maquinarias, equipos, entre otros.
“Según la Dirección General de Orden Público, 40 vías fueron bloqueadas en el país en las nueve regiones que acataron el paro de transportistas de carga pesada. Se tiene un promedio de pérdidas del 30 % de carga por transportista. Enfrentamos una paralización que deja pérdidas económicas de 5 millones de soles por día a nivel nacional”, declaró el Ing. Antis Jesús Cruz Escobedo, docente de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad César Vallejo - campus Trujillo.
“La huelga del transporte afecta a los agricultores, ganaderos, pescadores y productores provincianos, quienes no pueden evitar que se echen a perder miles de toneladas de alimentos ya producidos, al no ser distribuidos a los mercados. Se sabe que el Perú pierde cada año 12,8 millones de toneladas de alimentos, que representan el 47,6% del total con que cuenta para dicho periodo, debido a problemas en la cadena de producción; con el paro de transportistas pasarían el 50% de pérdidas”, destaca el docente.
Para alcanzar una solución a este paro de transportistas se plantean algunas propuestas: proponer una mesa de diálogo, crear una ley de emergencia de los impuestos aplicados a los carburantes y al gas, implementar un fondo nacional de compensación para que se puedan cubrir los costos de producción y el precio de venta de distintos productos para beneficiar a pequeños y medianos productores agropecuarios. Ello, buscando conseguir una inversión social en la comunidad rural y urbana para mejorar servicios públicos, vías, educación salud y vivienda.
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